Reprueban método para presionar por aval a préstamo

Magistrados y analistas concordaron que Bukele intentó lograr el apoyo de los diputados para aprobar los fondos. Unos creen es «peligroso» y otros que deben dejar los colores por la seguridad.

Nayib Bukele, presidente de la República, se siente solo en el trabajo de darle seguridad a la población salvadoreña. Esa fue la lectura del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jeréz, ante los conflictos generados entre el Órgano Legislativo y Ejecutivo que llevaron a miembros de la Fuerza Armada a patrullar e ingresar al Salón Azul de la Asamblea Legislativa durante el fin de semana pasado.

Petición El  director de la División de las Américas de Human Rigth Watch, José Miguel Vivanco, pidió una reunión de emergencia a la OEA por la situación en El Salvador.

«Él (Bukele) ve que a los policías los están matando, que están sin chalecos y arriesgando sus vidas por nosotros y combatiendo una delincuencia con contubernios (pactos) con partidos grandes, entonces me imagino que el presidente tiene que ver cómo presiona a la Asamblea», detalló el magistrado.

Para López Jeréz, no se debería de hablar de colores políticos, sino más bien del riesgo que corren los policías al regresar a sus casas de ser asesinados por miembros de estructuras delincuenciales: «tenemos que ir todos en una sola dirección, tenemos que preocuparnos para que el pueblo salvadoreño tenga protección porque la Constitución, en su primer artículo, la garantiza».

¿Militares para convencer diputados?

Sin embargo, el director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, a través de su cuenta de Twitter, escribió que El Salvador enfrenta una grave crisis constitucional provocada por el presidente Bukele al ordenar que miembros del Ejército permanecieran con armas largas dentro de la Asamblea Legislativa.

Resultado de imagen de bukele en la asamblea

«¿Qué concepto tiene Nayib Bukele sobre democracia?», cuestionó Vivanco en la red social. El defensor de derechos humanos, además, explicó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que la «exhibición de fuerza bruta justifica reunión urgente de la OEA en función de la Carta Democrática».

Inclusive, el director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch cuestionó que si la presencia de los militares en el congreso salvadoreño era una medida para «persuadir a los congresistas de las virtudes» del gobierno de Bukele.

Además, el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, Rodolfo González, en declaraciones anteriores sobre la problemática, dijo que el acuerdo del Consejo de Ministros es válido, pues está detallado en el art. 167 de la Constitución de la República. Sin embargo, agregó que considerar ese artículo como la solución ante la negativa de la Asamblea Legislativa para aprobar los fondos que financien la fase III del Plan Control Territorial puede ser «peligroso», explicó el magistrado a inicios de febrero en una entrevista.

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Además, el analista Julio Valdivieso, en una entrevista televisiva, ayer explicó que será la Sala de lo Constitucional de la CSJ que dé la razón, o no, al llamamiento realizado a los diputados de sesionar una plenaria extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros.

«Esperaba una postura más fuerte del señor presidente Nayib Bukele. Pero el tiempo que ha pedido a los diputados mantiene vivo el diálogo entre ambos Órganos de Estado», detalló ayer Valdivieso, ante el plazo de una semana más para que los diputados aprueben los fondos necesarios y continuar así, de acuerdo con Bukele, el desarrollo del plan antipandillas.

De manera extraoficial, fuentes de la Sala de lo Constitucional de la CSJ dijeron que los magistrados analizan las demandas presentadas ante la Sala por algunos ciudadanos. Hoy lunes podrían entrar a la Secretaría de la Sala, detallaron las fuentes.

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